El informe fue elaborado por una misión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, una institución internacional que busca homologar la legislación en materias que afectan a varios Estados y que ha recomendado una nueva suspensión de las adopciones en Nepal.

Según la Conferencia, cuya misión visitó Nepal en noviembre de 2009, niños entregados para adopción internacional fueron arrancados de sus familias para llevarlos a la capital, Katmandú, con el pretexto de darles educación.

También se han registrado casos de niños declarados huérfanos con documentos falsos, según datos del informe filtrados a la prensa.

La Conferencia, pues, concluyó que Nepal no ha conseguido detener el tráfico de niños que llevó en 2007 a la suspensión de las adopciones durante un año y medio.

Tras la inspección de La Haya en Nepal, un grupo de países como Alemania, España, EEUU, Italia, Canadá y el Reino Unido ya presentó a las autoridades nepalíes una nota verbal expresándole preocupaciones semejantes y demandando mayores garantías en los procesos de adopción, dijo a Efe una fuente diplomática española.

“Las acusaciones (de la Conferencia) son infundadas” y la ley se está respetando, respondió a Efe un alto cargo nepalí encargado de supervisar las solicitudes internacionales.

“Si hay algún caso en el que se detecten negligencias, estamos preparados para procesar” a los responsables, aseguró a Efe Sher Jung Karki, abogado del Ministerio de la Mujer y la Infancia.

El Gobierno nepalí ha firmado la Convención de La Haya que regula las adopciones pero sigue pendiente la ratificación parlamentaria, que implicaría cambios en la legislación actual.

A falta de una prometida nueva ley y pese a las recomendaciones en contra de la Unicef, en 2008 el Gobierno aprobó un nuevo procedimiento que llevó a reanudar las adopciones en enero de 2009.

En virtud de ese procedimiento, las adopciones se tramitan a través de 58 agencias autorizadas (cinco de ellas españolas), a un coste fijo de 8.000 dólares, y de niños provenientes de 38 orfanatos registrados a tal efecto.

El informe de La Haya cuestiona el cumplimiento de estas nuevas reglas, bajo las cuales se presentaron en 2009 un total de 534 solicitudes (57 de ellas, españolas), que resultaron en la adopción de 20 niños por parte de parejas en Italia, EEUU, Francia, Canadá y el Reino Unido.

Otros 39 expedientes están cerrados y los niños serán entregados en breve, según datos oficiales recabados por Efe. Ninguno será para padres españoles, aunque en la pasada década España fue uno de los principales destinos de niños nepalíes adoptados.

Además de huérfanos, el nuevo procedimiento de adopciones permite la entrega de niños cuyos padres hayan “renunciado” a la potestad ante una autoridad distrital.

Se trata de casos de parejas que, además de haber sido esterilizadas, demuestren que carecen de medios para mantener al niño, de progenitores muertos o muy enfermos, o de madres que se han fugado abandonando al menor.

Aunque la decisión final sobre una adopción corresponde al Ministerio central, para evitar la corrupción registrada anteriormente en las Administraciones locales, una de las fuentes consultadas por Efe admitió que no pueden “comprobar cada documento” que éstas les entregan.

“Las nuevas reglas (de 2008) no ofrecen salvaguardas adecuadas y están muy por debajo de los mínimos estándares requeridos” para una adopción transparente, dijo a Efe el representante en Nepal de la ONG suiza Terres des Hommes, Joseph Aguettant.

Según explicó, “hay investigaciones en marcha sobre falsificación de documentos, en particular en un orfanato que fue acusado repetidamente de traficar con niños pero al que aún se permite operar”.

Terres des Hommes preparó junto al Unicef el informe que, en agosto de 2008, desaconsejaba al Gobierno reanudar los procesos de adopción internacional hasta que Nepal hubiera ratificado la Convención de La Haya y aprobado una nueva ley nacional.

En aquel momento, el Unicef cifró en 15.000 los niños acogidos en orfanatos en el país, que hasta finales de 2006 sufrió una década de guerra entre el Gobierno y la guerrilla maoísta, y constató que la mayoría de ellos sí tenían familia. EFE